ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 29 de julio de 2013

"La 'guerra' de Peña" (28 de julio, 2013)

Guardias comunitarias en Aquila, Michoacán/ Foto: Proceso.com
John M. Ackerman

Hoy las balas no solamente se dirigen contra los individuos que solitariamente luchan por hacer justicia a sus familiares caídos, como Marisela Escobedo Ortiz, Nepomuceno Moreno y tantos otros luchadores heroicos, sino que también empiezan a ser utilizadas contra los ciudadanos que de forma colectiva se organizan para defender la paz. La cobarde represión armada a un grupo de civiles que protestaban pacíficamente el pasado lunes en el municipio de Los Reyes, Michoacán demuestra que con Enrique Peña Nieto hemos pasado a una nueva etapa en la “guerra” contra la inseguridad que es simultáneamente más escalofriante y paradójicamente más esperanzadora que la vivida durante el sexenio de Felipe Calderón. 

Los gobiernos federales y locales continúan con la irresponsable y fallida “estrategia” implementada desde 2006. Frente a cualquier problema, envían más militares, policías y armamento para “apaciguar” la zona, lo que de manera predecible solamente genera más violencia y sangre. También continúa la táctica de “decapitación” de importantes narcotraficantes, como el Z-40, por órdenes y a partir de información del gobierno de los Estados Unidos. Los exagerados elogios de parte de Barack Obama y Janet Napolitano para Peña Nieto recuerdan la comparación que el presidente norteamericano hiciera en 2010 entre Calderón y el superpolicía Eliot Ness, de los Untouchables.

Lo que llama la atención sobre la coyuntura actual no es la supuesta utilización de “inteligencia” por parte del gobierno de Peña Nieto, sino la valentía y la capacidad de organización de las comunidades asoladas por la violencia. Los manifestantes de Los Reyes pretendían tomar el Palacio Municipal para despedir a los policías corruptos, poner fin a la extorsión y establecer un sistema de autodefensa popular y comunitaria. El pasado miércoles, otro grupo exitosamente logró ocupar la alcaldía de Aquila, Michoacán y tomar el control sobre la Dirección de Seguridad Pública local en respuesta al total fracaso de las autoridades para mantener el Estado de derecho. El mismo día, en Guerrero pobladores de Xaltianguis bloquearon la carretera Acapulco-México para defender a su Policía Comunitaria del acoso ejercido por el propio Ejército mexicano que buscaba desarmarla. También circula un video en redes sociales que expone la estremecedora e inspiradora historia del Consejo Ciudadano de Autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán (véase: http://ow.ly/nkbkK)

Durante el sexenio de Calderón atestiguamos horribles multi-homicidios, incluyendo las granadas lanzadas el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, la masacre en Villas de Salvalcar en enero de 2010, y el ataque al Casino Royale en agosto de 2011, entre muchos otros incidentes. Pero hoy los grupos armados no solamente atacan a los ciudadanos que se encuentran en reuniones de esparcimiento sino también a manifestaciones sociales con demandas específicas.

La actual “politicización” de la represión armada es un fenómeno sumamente grave que nos debe preocupar a todos. Y cuando esta novedad se concatena con la represión durante la toma de posesión el pasado 1 de diciembre y el acoso sistemático a los disidentes políticos a lo largo del sexenio actual, se configura un escenario de franca consolidación de los modos más autoritarios de ejercicio del poder.

Miguel Ángel Osorio Chong ha señalado que lo acontecido en Los Reyes fue “una respuesta al avance que han tenido el gobierno federal y estatal en contra del crimen”. Sugiere el Secretario de Gobernación entonces que conforme las autoridades tengan más “avances” en su “estrategia”, los ciudadanos tendremos que esperar cada vez peores ataques armados sobre grupos civiles. Por lo visto, los “daños colaterales” de la “guerra” de Peña harán que aquellos de la “guerra” de Calderón parezcan un juego de niños. 

Si bien Calderón dejó el país en llamas, e incluso podría llegar a ser encontrado responsable de numerosos crímenes de guerra, durante su sexenio la sociedad por lo menos podía expresar su repudio públicamente y de manera pacífica en las calles. Hoy con Peña Nieto la protesta social cada vez se torna más peligrosa.

Resulta muy lamentable entonces que destacados analistas y activistas que fueron sumamente críticos de Calderón, como Sergio Aguayo, hoy celebren los autoelogios de Peña Nieto con respecto a su “nueva” estrategia supuestamente basada en la “inteligencia” criminal (véase: http://ow.ly/nkcd9). Flaco favor hacen los líderes de opinión como Aguayo a su propia causa aplaudiendo una estrategia cuya principal novedad es precisamente el ataque directo a activistas sociales.

En lugar de dar un voto de confianza a gobiernos federales y locales que ya han demostrado su verdadera faz represora e intolerante, habría que acompañar a los valientes pobladores de las comunidades, especialmente en poblaciones indígenas, que han tenido la valentía para auto-organizarse en defensa de la paz y el bienestar social. En lugar de quedar bien con el gobierno y el poder, habría que escuchar a Elsa Márquez Manríquez, una mujer de Xaltianguis quien con valor denuncia: “A mí me mataron a un hermano, a un tío y a un cuñado y el Gobierno nada más se daba la vuelta y se iba nos dejaba solo…queremos a los comunitarios aquí, con ellos nos hemos sentido protegidos.” 

Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman (Todos los derechos reservados)

lunes, 15 de julio de 2013

"Intemperancia empresarial" (14 de julio de 2013)

El presidente del CMHN, Claudio X. González/ Foto: proceso.com
John M. Ackerman

"Las estrellas se han alineado para nuestro país", exclamó el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Claudio X. González, dos días despúes de una jornada electoral manchada con vastas irregularidades, abstencionismo y violencia en 14 estados de la República. González estaba a punto de entrar a una comida privada con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional junto con otros integrantes del CMHN, un organismo que incluye a conspicuos representantes de la oligarquía más enriquecida del país como Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Gastón Azcárraga y Alberto Bailleres, entre otros. Allí se anunciaría una supuesta próxima inversión por la cantidad “histórica” de 27 mil millones de dólares para el año 2013.

Dicen que en política no hay coincidencias y en este caso el mensaje es más claro que el agua. Frente al hundimiento de la legitimidad electoral y el debilitamiento del Pacto por México como mecanismo de cooptación de la oposición política, Peña Nieto y el PRI han llamado a su artillería pesada para que les apoye a evitar la completa disminución de la supuesta burbuja de popularidad artificalmente construida para el nuevo presidente entre algunos sectores de la población. Así como Barack Obama “vende” las más atractivas plazas de embajador en Europa o el Caribe a sus principales donantes electorales, con contribuciones de 1.8 millones de dólares en promedio por “embajador” de acuerdo a The Guardian, Peña Nieto también ofrece todo tipo de facilidades a las familias más ricas del país a cambio de su respaldo político. La reciente confirmación de la inacción y la complicidad del IFE en los casos Soriana y Monex evidentemente también se explica por esta misma estrategia.

El anuncio del CMHN es simple propaganda. La cifra de 27 mil millones de dólares fue literalmente sacado de la manga a partir de una “encuesta” realizada por el mismo organismo cupular entre sus propios integrantes. No existe compromiso formal o responsabilidad alguna para cumplir con este monto y la cantidad podrá ser ajustada libremente de acuerdo a las leyes de oferta y demanda política. 

A principios del año en curso el CMHN ya había manejado una cifra distinta. El pasado 3 de febrero, González afirmó que el monto total de inversión del CMHN sería de 30 mil millones de dólares en el territorio nacional y de 15 en el extranjero. En la conferencia de prensa del martes pasado no se ofreció explicación alguna por la reducción de tres mil millones en la inversión nacional (y de cinco en la internacional) ni un informe sobre la cantidad ya invertida después de haber transcurrido más de la mitad del año. Tampoco se ofreció detalle alguno sobre los proyectos o empresas específicas que invertirían en 2013.

Lo único que González sí dejo en claro es que estas supuestas inversiones no serán para fortalecer la economía popular o para fomentar un crecimiento sustentable o sostenible, sino solamente para enriquecer aún más a los mismos integrantes del CMDH. Sin ofrecer cifra alguna, el vocero señaló que los sectores que recibirían más inversión serían la minera y la de telecomunicaciones, dos de las áreas de la economía más monopolizadas que generan ganancias no a partir del fortalecimiento de la economía nacional sino a raíz de la extracción de onerosas rentas tanto de la tierra como de los consumidores.

También se evidenció que la generación de empleo no es prioridad para los oligarcas. En un tono digno de Cantinflas el señor González señaló: "En cuanto al número de empleos generados, no hay cifras para dar. Nunca las hemos dado porque son difíciles de computar, porque hay distintas fases dentro del proceso de inversión y ya luego de arranque y operación". 

El centro del acto en Palacio Nacional no fue la expresión de un supuesto compromiso de los empresarios más poderosos del país con el desarrollo nacional, sino la manifestación de su respaldo personal a Peña Nieto y las lesivas reformas neoliberales que su gobierno impulsa. “Hay reformas muy importantes que se han concretado en los últimos meses, empezando por la reforma laboral y pasando por la educativa y telecomunicaciones; además, las que están a punto de salir”, señaló González, “por ello, las empresas del CMHN habrán de invertir una cantidad sin precedentes". Y ni siquiera habían pasado 24 horas cuando el Instituto Mexicano de la Competitividad, financiado por el mismo CMHN, llamó a otra conferencia de prensa para dar a conocer un amplio estudio sobre la “Apertura y Competencia para Explotar Nuestra Riqueza Petrolera” que demanda la total transformación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

Para rematar la conferencia del martes, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, celebró la “demostración de confianza en términos de esquema-país" de parte del CMHN. Pero precisamente lo que ha inhibido el desarrollo de México es tal “esquema-país”, en lugar de un fuerte “Estado-nación”, que ha sido promovido en los últimos treinta años por gobiernos entreguistas y corruptos. En lugar de que el gobierno y la oligarquía alardeen de manera conjunta inversiones inexistentes e improductivas, los ricos del país tendrían que verse obligados por verdaderas autoridades públicas a pagar los impuestos que deben para que contribuyan a la economía nacional que les ha dado todo. 

Hace un año, en un desplegado publicado el 6 de agosto de 2012, la CMHN criticó a “las izquierdas” por “crear un ambiente de intemperancia, en el que se alientan...acciones que afectan al público y a empresas como Soriana”. Pero la verdadera “intemperancia” no es de los ciudadanos conscientes quienes rechazan la compra-venta de los resultados electorales, sino de los empresarios más poderosos del país que se mantienen en total impunidad e insisten en violentar todos los días la Constitución y burlarse de la soberanía popular.


Twitter: @JohnMAckerman

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lunes, 1 de julio de 2013

"Señales del norte y del sur" (30 de junio de 2013)

Barda en la frontera entre México y Estados Unidos/ Foto: La Jornada
John M. Ackerman

El camino a seguir para superar la crisis de legitimidad democrática que enfrenta el mundo no será trazado por los países del norte, sino por los del sur. En Estados Unidos, la sociedad se mantiene quieta mientras se construyen bardas, se persigue a periodistas e informantes internos y se cancelan protecciones electorales a grupos vulnerables. En contraste, las movilizaciones populares masivas de Brasil han obligado a la clase política a impulsar reformas cruciales para democratizar el sistema político, combatir la corrupción gubernamental y aumentar el gasto social.

Si México busca avanzar por una senda de desarrollo sostenible e independiente tendrá que consolidar sus vínculos con los gobiernos y pueblos latinoamericanos y acabar con su obediencia humillante frente al vecino del norte. De lo contrario, se arriesga a ser arrastrado por la corriente de un imperio en declive cada día más desesperado, autoritario y peligroso.

La semana pasada, la Suprema Corte de Estados Unidos echó abajo el artículo quinto de la Ley de Derechos del Elector (Voting Rights Act), que obligaba a nueve estados del sur del país a recibir autorización federal para cualquier modificación a su normatividad electoral. Esta ley, aprobada en 1965, fue una de las conquistas históricas más importantes del movimiento social encabezado por Martin Luther King Jr., Malcolm X y otros líderes a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. El artículo quinto era particularmente importante porque evitaba la manipulación de las leyes electorales para excluir a los afroamericanos, los latinos y otros grupos vulnerables con artimañas jurídicas como el rediseño geográfico de los distritos electorales o la imposición de nuevos requisitos para poder votar.

Esta misma Corte ya había dado el tiro de gracia a cualquier intento de regulación del flujo de dinero privado en las campañas electorales con su decisión en el caso Citizens United. En ese caso, resuelto en 2010, la mayoría de los ministros, encabezados por el ultraderechista John Roberts como su presidente, resolvió que las empresas tienen los mismos “derechos” a la “libertad de expresión” que cualquier ciudadano y, por lo tanto, pueden “donar” dinero a las campañas políticas casi sin limitación alguna.

Con estas dos decisiones históricas, Voting Rights Act y Citizens United, Estados Unidos se consolida como un sistema político diseñado para favorecer los intereses del dinero y la reacción. No debería sorprender a nadie entonces que los legisladores del ala más radical del Partido Republicano definan las coordenadas del debate político en Washington.

Por ejemplo, recientemente este grupo logró parar en seco una serie de reformas que hubieran aumentado marginalmente la vigilancia de la venta de armas de alto poder en aquel país. Estas reformas fueron ampliamente demandadas por la población en respuesta al terrible asesinato de 20 niños, de entre seis y siete años de edad, en la escuela Sandy Hook en diciembre pasado. Pero los intereses económicos de los fabricantes de armas fueron más poderosos que el sentido común.

Y hoy la famosa “reforma migratoria” cada día se parece más a una nueva ley de seguridad nacional. En lugar de reconocer la enorme contribución que realizan todos los días los mexicanos a la economía estadunidense y aceptar la naturaleza pluricultural del país, la ley busca ahondar las divisiones tanto dentro de la comunidad migrante como entre México y Estados Unidos.

Las nuevas e inaceptables modificaciones incluyen duplicar la cantidad de policías armados en la frontera de 20 mil a 40 mil, extender la cerca electrificada en cientos de kilómetros, y poner en operación 18 “drones” de vigilancia junto con un laberinto de cámaras y sensores infrarrojos propios de un campo de guerra. El senador John McCain ha presumido que estas medidas volverían la frontera entre México y Estados Unidos más impermeable que el Muro de Berlín. El senador Patrick Leahy ha señalado que tales disposiciones cumplen con una “lista de deseos de Navidad” de empresas de seguridad como Halliburton. Solamente falta que algún legislador del Tea Party también proponga colocar minas de guerra a lo largo de la frontera.

Ahora que la reforma pasa del Senado a la Cámara de Representantes, donde los republicanos son aún más poderosos, se incluirán más “enmiendas” nocivas. Por ejemplo, los migrantes muy probablemente serán excluidos de cualquier beneficio público mientras esperan más de una década para ser “legalizados”. También existe la propuesta de obligar a los mexicanos a pagar cuantiosas multas, así como a mantener un trabajo estable sin interrupción alguna durante todo el periodo de espera. Es posible que incluso se elimine la opción de conseguir la anhelada ciudadanía al final del largo periodo de espera y “buen comportamiento”.

En contraste, en Brasil el Congreso avanza en la aprobación de una nueva medida que obligaría al Estado a utilizar 100% de las regalías de la producción futura de petróleo para programas de educación y salud pública. Además, se encuentran en curso una amplia reforma política y medidas definitivas para combatir y castigar la corrupción gubernamental. México haría bien en seguir este valioso ejemplo.

El estudio más reciente del CIDE sobre las actitudes de los mexicanos hacia el exterior ha ratificado que los mexicanos se sienten mucho más “latinoamericanos” (50%) que “norteamericanos” (8%). Una encuesta de la BBC, Country Ratings World Survey 2010 (disponible aquí: http://ow.ly/ms0eW), también ha revelado que solamente 13% del pueblo mexicano tiene una opinión favorable sobre la influencia internacional de Estados Unidos.

Estos datos alentadores demuestran que la conciencia crítica del pueblo mexicano sigue firme. El progreso de México como país líder en el concierto de las naciones depende precisamente de valorar y fortalecer los vínculos con los hermanos del sur y rechazar las políticas excluyentes, prepotentes y racistas del norte.


Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados