ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

jueves, 23 de octubre de 2014

Tradducción al Español: "Gefährliche Komplizenschaft/Complicidad Peligrosa" (Süddeutsche Zeitung, 23 Oktober 2014)




Kanzlerin Merkel will mit Mexiko ein Abkommen zur Sicherheitszusammenarbeit schließen. Der Bundestag sollte sich das genau anschauen, bevor er zustimmt. Denn der Staat und das organisierte Verbrechen sind in Mexiko Komplizen, der Kampf gegen Drogen ist in Wahrheit politisierte Gewalt.

ACCEDER AQUÍ AL ORIGINAL PUBLICADO EN ALEMÁN

Ein Gastbeitrag von John M. Ackerman

Traducción al español:


La Canciller Angela Merkel está a apunto de firmar un nuevo tratado de “colaboración en materia de seguridad” con México, el cual podría convertir a Alemania en cómplice de la represión violenta que sacude al país. El nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha tratado de cultivar ante la comunidad internacional una imagen de reformista ilustrado. Sin embargo, una serie de masacres y asesinatos, así como la encarcelación sistemática de activistas, ha desenmascarado el sangriento regreso del autoritarismo en el país. El Parlamento Federal Alemán (Bundestag) debería solicitar una extensa revisión de la situación de derechos humanos en México antes de dar paso hacia el nuevo acuerdo bilateral. 

Bajo la gestión del anterior Presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), ya era claro que algo había ido terriblemente mal con la “Guerra contra el narco” en México. Su ataque militarizado contra los carteles de la droga llevó a una explosión de violaciones a derechos humanos, así como a un baño de sangre de proporciones históricas, causando decenas de miles de muertes y cientos de miles de personas desplazadas. 

De hecho, la situación salió tanto de control que en 2011 decenas de miles de ciudadanos mexicanos llevaron un caso contra Calderón a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por su directa responsabilidad en la crisis humanitaria en México.. El mes pasado, la Federación Internacional de Derechos Humanos en París, llevó un segundo caso complementario a la CPI. 

Bajo la gestión de Peña Nieto la situación se ha empeorado. Los homicidios mantienen un nivel histórico sin precedente y el crimen se ha elevado, con los secuestros y el número de personas “desaparecidas” claramente incrementándose bajo la nueva administración. Pero el giro de acontecimientos más preocupante ha sido la abierta politización de la violencia en la actualidad. Ahora está claro que en regiones enteras del país la “guerra contra el narco” no es más que una cortina de humo para la represión. 

La masacre de estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre ha dejado esta situación particularmente clara. 6 personas fueron asesinadas, una docena fueron lastimadas y 43 estudiantes han estado desaparecidos por cerca de tres semanas. Un cadáver apareció posteriormente, al cual le fue arrancada brutalmente la piel del rostro y le fueron sacados los ojos. Ello envió un claro mensaje de que la elección de las víctimas no había sido accidental. 

Numerosas fosas comunes han sido halladas cerca con cadáveres calcinados. El gobierno federal ha negado que se trate de los estudiantes, sin embargo denunciantes dentro de la policía local han confesado que los activistas fueron quemados, algunos mientras aún estaban con vida. 

La mayor parte de las víctimas son estudiantes de una escuela normal rural de maestros reconocida por su compromiso con el cambio social y la educación progresista. Las escuelas son conocidas por su compromiso con los ideales de la histórica Revolución Mexicana de 1910-1917, cuyo legado ha sido atacado sistemáticamente por Peña Nieto con sus políticas neoliberales. Irónicamente, los estudiantes desarmados fueron balaceados después de haber organizado una colecta de fondos necesarios para viajar a la Ciudad de México para participar en la marcha anual en recuerdo de la histórica masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. 

A pesar de que el tiroteo fue aparentemente llevado a cabo por miembros de la fuerza policial de Iguala, la estación militar establecida en el pueblo no hizo nada para detenerlos durante las tres horas que duró el caos. Incluso, los soldados sólo se movieron después de que los ataques hubieron terminado y en lugar de ir tras los agresores, inmediatamente detuvieron a los estudiantes víctimas desarmados. 

Esta masacre tuvo lugar sólo tres meses después de otra ejecución masiva en el pueblo cercano de Tlatlaya. El 30 de junio, el Ejército Mexicano ejecutó brutalmente a 21 jóvenes dentro de una bodega. Funcionarios públicos locales y federales del más alto nivel inmediatamente escondieron el incidente, anunciando que los asesinados eran supuestamente secuestradores y habían muerto en medio del tiroteo. La masacre salió a la luz sólo después de un reporte independiente hecho por Associated Press (AP) y el testimonio público de un testigo en la prensa mexicana. 

El pasado domingo, 12 de octubre un estudiante alemán de intercambio fue herido de bala por la policía mientras viajaba con sus amigos desde Acapulco, de vuelta a la Ciudad de México, cerca de la región donde ambas masacres tuvieron lugar. Y el jueves 17 de octubre una activista de twitter quien ayudó a informar al público sobre la narco-violencia, y la complicidad entre los oficiales del gobierno y el crimen organizado, fue asesinada en el Estado de Tamaulipas al norte del país. 

Esta situación caótica no se debe a una simple ausencia del Estado, sino a su complicidad con el crimen organizado. Por ejemplo, dos líderes sociales importantes quienes se han levantado para defender sus comunidades de los narcotraficantes, Nestora Salgado en el Estado de Guerrero y José Manuel Mireles en el Estado de Michoacán, están hoy en la cárcel, mientras prominentes narcotraficantes, como Servando “La Tuta” Cómez, inexplicablemente continúa libre. En general, ha habido un fuerte repunte en presos políticos, control sobre los medios de comunicación y represión de las protestas sociales desde el comienzo de la administración de Peña Nieto. 

Es importante recordar que Peña Nieto es originario del viejo y autoritario Partido Revolucionario Institucional, PRI, ahora de vuelta en el poder después de gobernar en México con puño de hierro entre 1929 y 2000. Antes de ocupar la Presidencia en 2012, Peña Nieto se desempeñó como Gobernador del Estado de México, un Estado donde el PRI ha estado al mando por 85 años ininterrumpidos. Ni Peña Nieto ni su partido tienen experiencia alguna con las políticas democráticas 

La semana pasada un grupo de miembros del Parlamento Europeo firmaron una importante carta condenando la masacre del 26 de septiembre y llamando a la posible suspensión de las relaciones comerciales con México, hasta que la situación de Derechos Humanos en México se mejore. Varios miembros del Parlamento Federal Alemán (Bundestag) también firmaron la carta de la Unión Europea (UE) y la Ministra de Relaciones Exteriores Maria Bohm fue fuertemente cuestionada sobre esta cuestión durante el turno de preguntas (Fragestunde) la semana pasada. 

En respuesta, Bohm insistió en que las masacres hacen aún más necesario trabajar con el gobierno mexicano para limpiar a las fuerzas de policía locales. Sin embargo, todos los informes recientes de organizaciones internacionales sobre los derechos humanos en el país demuestran que la corrupción y el abuso de poder es un problema endémico desde la cima hasta la base del aparato estatal mexicano. Las decisiones de política exterior no deberían dejarse guiar por la creencia ingenua en la buena voluntad del nuevo presidente mexicano sino por hechos concretos sobre su comportamiento en la realidad. 

Traducido por Mario Alberto Cuevas

lunes, 20 de octubre de 2014

"México bronco" (19 de octubre, 2014)

Protestas para exigir justicia para los normalistas de Ayotzinapa (Foto: Proceso)
Inician simultáneamente un nuevo proceso electoral y un nuevo ciclo de protesta social. El segundo, sin duda, genera más esperanza que el primero. Todos sabemos que las próximas elecciones del 5 de julio de 2015, para 500 diputados federales, nueve gobernadores, 661 diputados locales y 1,015 ayuntamientos en 17 entidades federativas, no cambiarán absolutamente nada en el país. La compra masiva de votos y los ríos de dinero de procedencia desconocida que fluirán a los operadores de las campañas y a los medios de comunicación, asegurarán que los mismos intereses de siempre continúen gobernando. En contraste, el creciente movimiento popular a raíz de la masacre de Iguala tiene el potencial de transformar radicalmente a la nación.

Omar García, uno de los valientes normalistas de Ayotzinapa sobrevivientes de la masacre, lo ha dicho con todas sus letras: “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años. Ojalá no la dejemos escapar”. Comparte también las palabras de los padres de familia de los Ayotzis desaparecidos: “Nosotros, por nuestros hijos, estamos dispuestos a dar la vida. Y ustedes ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?” (Texto completo de la entrevista con Blanche Petriche disponible aquí: http://ow.ly/CQbGQ). 

La gran visión política y enorme valentía de los estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares es precisamente lo que requiere hoy el país. En un contexto social en donde predomina el egoísmo, el “agandalle” y la corrupción, se levanta una generosa voz de dignidad rebelde desde las montañas de Guerrero. Estos grandes líderes sociales están dispuestos a sacrificar todo, incluso la vida misma, con tal de conquistar la justicia y la paz para el país entero. Los “chilangos”, normalmente enajenados con nuestra apurada vida cotidiana, tenemos mucho que aprender de su ejemplo. Y todo México tendría que apoyar públicamente a estos jóvenes líderes así como replicar su lucha en nuestras respetivas comunidades, trabajos y escuelas. 

Nunca faltan las voces de siempre que insisten que los movimientos sociales no deberían “desvirtuarse” al incorporar asuntos supuestamente “ajenos” a sus causas iniciales. Por ejemplo, Leonardo Curzio ha acusado a un servidor de “usar” a los estudiantes del politécnico para fines políticos (Véase: http://ow.ly/CQhyU) por haber sugerido, en estas mismas páginas, que la batalla por refundar el Instituto Politécnico Nacional es simultáneamente una lucha por democratizar el país (Véase: http://ow.ly/CQjF8). Y en su cobertura de la masacre de Iguala, los principales medios de comunicación electrónicos han hecho esfuerzos sobrehumanos para presentarla como un asunto estrictamente local dónde no habría complicidad alguna ni del gobierno federal ni de Washington.

Estas perspectivas subestiman enormemente la conciencia crítica y la capacidad de movilización del pueblo mexicano. Tantos años codeándose con políticos corruptos y oligarcas apátridas, han hecho a muchos periodistas pensar que todo México es igual de cínico y egoísta que las élites que dominan al país. 

Pero los acontecimientos de la semana pasada han desmentido de manera contundente esta apuesta por la desmovilización social. En el nuevo mundo de redes sociales y comunicación digital es más fácil que nunca articular luchas y acciones. El paro solidario con Ayotzinapa de docenas de escuelas y facultades de la UNAM, UAM, ENAH, UACM y otras universidades es una excelente señal. Y la ampliación del movimiento en Guerrero para incluir a los maestros de la CETEG y a docenas de ayuntamientos a lo largo y ancho de Guerrero implica una sana expansión de la indignación social. Asimismo, mientras la PGR sigue sin dar resultados sobre la desaparición de los 43 normalistas, los policías comunitarios avanzan con paso firme al encontrar cada día más fosas utilizadas por el narcogobierno para esconder sus fechorías sangrientas.

Los movimientos sociales exitosos son aquellos que saben dictar la agenda de discusión, negociación y presión. Los estudiantes del politécnico, por ejemplo, han dado una gran lección en la materia al rehusarse a dejarse manipular por el gobierno federal o los medios de comunicación. Los estudiantes mandan y las autoridades obedecen. Así se construyen las luchas sociales victoriosas, desde abajo y con gran astucia política. 

El antiguo debate entre la “vía electoral” y la “vía armada” ha sido rebasado por la realidad. Ambas vías fracasaron terriblemente en su intento por transformar el país. Las importantes luchas emprendidas en ambas frentes desde 1968 nos han dejado en una situación igual de ignominiosa que hace 46 años. 

Surge entonces la imperiosa necesidad de articular una nueva vía de aguerrida militancia social que pueda derrocar al neoliberalismo despótico con la fuerza de la razón y la presencia multitudinaria de la ciudadanía en las calles. No es cuestión, desde luego, de apostarle a una “sociedad civil” deslavada, bien portada y controlada por el financiamiento de corporaciones extranjeras, sino al México bronco que siempre ha estado presente en los momentos más cruciales de la historia nacional.

Tampoco se trata de abandonar la democracia electoral o la autodefensa popular. El abstencionismo y el “voto en blanco” solamente ayudan al régimen a acumular más poder. Y en muchas comunidades del país, notablemente en Michoacán y Guerrero, las armas son estrictamente necesarias para defenderse de los narcotráficos en un contexto de total ausencia de Estado de derecho. 

Pero ni el voto ni las armas pueden ser hoy el centro articulador de los movimientos hacia el futuro. Urge ensayar nuevas formas de lucha y de organización. 

Twitter: @JohnMAckerman

(Publicado en Revista Proceso, No.1981)
(C) John M. Ackerman. Todos los derechos reservados.

viernes, 17 de octubre de 2014

"Le soutien aveugle de la France au président mexicain" (Libération, Paris, France, 17 octobre 2014)


Par John M. Ackerman Professeur à l’Université nationale autonome de Mexico (Unam), directeur de rédaction de la Mexican Law Review, chroniqueur dans plusieurs journaux mexicains (la Jornada, et Proceso Magazine) et actuellement professeur invité à la Sorbonne- Nouvelle (Institut des hautes études de l’Amérique Latine) et à Sciences-Po (Paris School of International Affairs)
Enrique Peña Nieto y Francois Hollande (Foto: La Jornada)

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL AQUÍ

Est-ce le contrôle des ressources naturelles ou la défense des droits de l’homme à l’étranger qui intéresse le plus la France ? Le nouveau président du Mexique, Enrique Peña Nieto, a rendu possible pour les grandes multinationales du secteur l’accès au pétrole, au gaz et aux autres ressources naturelles mexicaines (1). Mais il l’a fait aux dépens des droits humains fondamentaux. Le massacre en septembre de militants étudiants par la police locale, qui a également le week-end dernier ouvert le feu sur des étudiants français et allemands, témoigne de la nature autoritaire du régime politique mexicain. 

Lors de sa visite au Mexique en avril, le président François Hollande a remis à Enrique Peña Nieto la distinction suprême, la grand-croix de la Légion d’honneur, et lui a dit qu’il pouvait compter sur la France pour soutenir ses «ambitions» car ses «réformes sont aussi les nôtres». Mais ce dont le Mexique a besoin, ce n’est pas un soutien aveugle à un président dont les politiques néolibérales conduisent le pays au chaos, mais un témoignage de solidarité internationale envers le peuple mexicain qui en paie le prix du sang.

La situation a malheureusement empiré depuis l’arrestation illégale de Florence Cassez en 2005 et sa détention dans une prison mexicaine pendant sept années, au mépris du droit. Depuis l’arrivée au pouvoir de Peña Nieto, on ne compte plus les violations des droits de l’homme et les attaques de journalistes à travers le pays. Le nouveau régime a aussi établi un contrôle des médias, une mise au pas des partis d’opposition, et a envoyé des dizaines de militants en prison sous de fausses accusations.

Enrique Peña Nieto est issu de l’ancien Parti révolutionnaire institutionnel (Partido Revolucionario Institucional, PRI), qui a gouverné le Mexique d’une main de fer pendant soixante et onze ans, jusqu’à la victoire en 2000 du Parti démocrate-chrétien d’Action nationale (Partido Acción Nacional, PAN). Avant de devenir président en 2012, Peña Nieto était gouverneur de l’Etat de Mexico, où le PRI a été aux commandes pendant quatre-vingt-neuf ans sans interruption.

Dans un premier temps, de nombreux observateurs ont, non sans naïveté, considéré Peña Nieto comme le représentant autoproclamé d’«un nouveau PRI», le parti étant supposé s’être réformé de lui-même pendant ces douze années dans l’opposition. Et la communauté internationale a, dans l’ensemble, approuvé l’accent mis par le nouveau président sur sa politique de réforme économique. A commencer par les éminents membres français - parmi lesquels les présidents directeurs généraux de Danone, EADS, Moët Hennessy, GDF Suez et Safran - du Conseil stratégique franco-mexicain, un organe binational récemment créé, tourné vers des intérêts économiques privés (2).Mais Peña Nieto n’est pas tenu en grande estime dans son pays. Sa cote de popularité est la plus basse obtenue par un président dans les vingt dernières années, et peut-être même au cours du siècle dernier. Sans doute cette impopularité est-elle à mettre sur le compte de la rupture que constitue cette réforme économique face à la longue tradition mexicaine de défense des droits sociaux et de souveraineté économique.

La Constitution du Mexique, établie en 1917 dans la foulée de la Révolution mexicaine de 1910-1917, fait référence dans la mesure où elle a été la première au monde à introduire directement dans le texte constitutionnel des droits dits de «troisième génération» (droit au travail, à l’éducation, à la santé, à la terre, à la santé, etc.). Elle est en cela le pendant, au XXe siècle, pour les droits collectifs, sociaux et économiques de ce qu’a été la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour les droits et les libertés individuelles au XVIIIe siècle.

Sans surprise, des protestations ont éclaté dans tout le pays en réponse à la tentative de Peña Nieto de revenir sur ces acquis fondamentaux. Les étudiants militants qui ont été massacrés par la police le 26 septembre, dans la ville d’Iguala (dans le Guerrero), étaient l’un des groupes les plus critiques.

Les victimes sont des élèves des écoles rurales de formation de professeurs, qui ont été créées dans les années 20 pour soutenir le développement des communautés rurales, pauvres, souvent indigènes. Plutôt que d’apporter «les Lumières» de l’extérieur, l’idée directrice des fondateurs était de développer une communauté et un leadership local, en éduquant la population. Ironie du sort, quand la police a tiré sur eux, les étudiants étaient en train de collecter de l’argent pour pouvoir se rendre dans la ville de Mexico et participer à la marche annuelle de commémoration du massacre des étudiants du 2 octobre 1968.

Bien que les coups de feux aient été tirés semble-t-il par des membres de la police locale d’Iguala, les militaires en présence dans la ville n’ont rien fait pour les en empêcher pendant ces trois heures de chaos. Au contraire, ils ne sont intervenus qu’après l’attaque, et au lieu de s’en prendre à ceux qui l’avaient commise, ils ont immédiatement mis en détention les victimes, des étudiants évidemment sans armes.

Les coups de feu tirés sans discernement par la police sur un van d’étudiants français et allemands revenant de la plage d’Acapulco le week-end dernier sont un autre exemple du déclin profond de l’Etat de droit au Mexique. Comme les Français en ont fait l’expérience au travers de l’affaire Florence Cassez, la présomption de culpabilité prévaut sur la présomption d’innocence au Mexique.

Malheureusement, François Hollande et l’Assemblée nationale ferment les yeux sur cette situation accablante. Il faut dire qu’actuellement la ville d’Iguala est sous le contrôle de la nouvelle «gendarmería» de Peña Nieto, créée sur le modèle de la gendarmerie française et développée avec le soutien direct du gouvernement français. Par contraste, la semaine dernière, un groupe de députés du Parlement européen, dont le vice-président du Parlement, Ulrike Lunacek, et les Français José Bové et Eva Joly ont signé une lettre ouverte condamnant le massacre du 26 septembre, et appelant à la suspension des relations commerciales avec le Mexique en attendant des améliorations significatives en matière de droits de l’homme (3). Les Nations unies, Amnesty International, Human Rights Watch et la Commission interaméricaine sur les droits de l’homme ont aussi exprimé des condamnations vives de l’incident. Le gouvernement français et l’Assemblée nationale devraient envisager de prendre des mesures similaires. 

Traduit de l’anglais par Samuel Khalifa, enseignant-chercheur. 

Contact : www.johnackerman.blogspot.com Twitter : @JohnMAckerman

VINCULO DIRECTO EN LIBÉRATION

"El apoyo ciego de Francia al Presidente Mexicano" (Libération, Paris, Francia, 17 octubre 2014)



TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

¿Está Francia más interesada en controlar los recursos naturales o en defender los derechos humanos en el extranjero?

El nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha abierto la industria mexicana del petróleo, gas y otros recursos naturales a las compañías energéticas trasnacionales. Sin embargo, lo ha hecho a expensas de los derechos humanos fundamentales. La reciente masacre de estudiantes activistas junto con el tiroteo a una camioneta donde viajaban estudiantes franceses y alemanes, han expuesto la naturaleza autoritaria del régimen político mexicano.

Durante su visita a México el pasado 10 de abril, el Presidente Francois Hollande condecoró a Peña Nieto con la distinción de la Gran Cruz de la Legión de Honor y proclamó que “contara con Francia” para apoyar sus “ambiciones” pues “sus reformas son también nuestras”. Pero lo que hoy hace falta no es el apoyo ciego al Presidente Mexicano, cuyas políticas neoliberales están conduciendo el país hacia el caos, sino la solidaridad internacional con el pueblo mexicano, quien está derramando sangre en el proceso.

Desafortunadamente, la situación ha empeorado desde la detención ilegal de Florence Cassez en 2005 y su injusto encarcelamiento por 7 años en una prisión mexicana. Durante la gestión de Peña Nieto, ha habido un significante incremento en las violaciones a derechos humanos y ataques a periodistas a lo largo del país. Asimismo, el nuevo régimen ha controlado estrictamente a los medios de comunicación, cooptado a los partidos de oposición y enviado a docenas de activistas a prisión bajo acusaciones falsos.

Peña Nieto es originario del viejo y autoritario Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido que ha gobernado México con puño de hierro por 71 años consecutivos hasta perder ante el cristiano- demócrata Partido Acción Nacional, PAN en el año 2000. Antes de ocupar la Presidencia en 2012, Peña Nieto se desempeñó como Gobernador del Estado de México, un Estado donde el PRI ha estado al mando por 85 años ininterrumpidos.

Al principio, muchos comentaristas ingenuamente tomaron como cierta la palabra de Peña Nieto cuando dijo que él representaba el “Nuevo PRI”, el cual supuestamente se había reformado a sí mismo durante los doce años que estuvo fuera de la Presidencia. Además, la comunidad internacional generalmente ha celebrado el énfasis que el nuevo Presidente ha puesto en asuntos económicos. Por ejemplo, los integrantes franceses del recientemente creado Consejo Estratégico Franco-Mexicano, son fuertemente inclinados a los intereses económicos privados, entre cuyos miembros se incluyen los Presidentes de Danone, EADS, Moët Hennessy, GDF y Safran.

Sin embargo, Peña Nieto es despreciado en casa. Sus índices de aprobación ciudadana son los más bajos en comparación con cualquiera de los Presidentes mexicanos en las últimas dos décadas, y probablemente incluso durante el último siglo. Esto es porque su agenda de reformas económicas rompe radicalmente con la larga tradición mexicana de defensa de los derechos sociales y de la soberanía económica.

La renombrada Constitución Mexicana de 1917, producto de la histórica Revolución Mexicana de 1910-1917, fue la primera en el mundo en incluir la "tercera generación" de derechos (al trabajo, a la educación, a la salud, a la tierra, etc.) directamente en el texto constitucional. La Constitución Mexicana de 1917 tiene la misma relevancia para los derechos colectivos, económicos y sociales en el siglo XX que la tuvo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano para los derechos individuales y liberales en el siglo XVIII. 

No es de sorprender entonces la erupción de protestas a lo largo del país en respuesta al intento de Peña Nieto de revertir este importante legado. Los estudiantes activistas que fueron masacrados por la policía el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de Iguala, Guerrero son de uno de los grupos más críticos.

Las víctimas eran estudiantes de la escuela normal rural de maestros que fue creada en la década de 1920 para apoyar el desarrollo de las comunidades pobres, rurales y frecuentemente indígenas. En lugar de traer “iluminación” del exterior, la idea a seguir es desarrollar liderazgo a nivel local a través de una educación basada en la comunidad. Antes de ser balaceados por la policía, los estudiantes estuvieron recolectando dinero con el propósito de viajar a la Ciudad de México para participar en la marcha anual en recuerdo de la histórica masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

A pesar de que el tiroteo fue aparentemente llevado a cabo por miembros de la fuerza policial de Iguala, la estación militar establecida en el pueblo no hizo nada para detenerlos durante las tres horas que duró el caos. Incluso, los soldados sólo se movieron después de que los ataques hubieron terminado y en lugar de ir tras los agresores, inmediatamente detuvieron a los estudiantes desarmados, ahora víctimas.

El tiroteo indiscriminado por la policía a una camioneta donde viajaban estudiantes franceses y alemanes que regresaban de las playas de Acapulco la semana pasada, es otro claro ejemplo del profundo decaimiento del Estado de Derecho en México. Como la sociedad francesa ya ha aprendido del caso Cassez, en México eres culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Desafortunadamente, Hollande y la Asamblea Nacional Francesa ha puesto el ojo ciego a esta grave situación. Incluso, hoy mismo la población de Iguala está bajo el control de la nueva “Gendarmería” de Peña Nieto, modelada a imagen y semajanza de la Gendarmerie Francesa y desarrollada con el apoyo directo del gobierno francés.

En contraste, la semana pasada un grupo de miembros del Parlamento Europeo, incluido Ulrike Lunaeck (Vicepresidente) al igual que José Bove y Eva Joly de Francia, firmaron una importante carta condenando la masacre del 26 de septiembre y llamando a la posible suspensión de las relaciones comerciales con México, hasta que la situación de Derechos Humanos en México mejore de manera significativa. Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido fuertes condenas sobre el incidente. El Gobierno Francés y la Asamblea Nacional Francesa deberían considerar tomar acciones similares.

Traducción al español: Mario Alberto Cuevas

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Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 5 de octubre de 2014

"Por una verdadera transición" (5 de octubre, 2014)

Estudiantes del IPN en pie de lucha//Foto:Octavio Gómez, Proceso
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) representan hoy al país entero. Cuentan con mayor legitimidad pública y confianza social que el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si juega bien sus cartas, el movimiento estudiantil podría detonar una verdadera transición a la democracia en México. De lo contrario, terminará como otra explosión social temporal de alcances limitados. Y si los dignos politécnicos pierden totalmente la brújula, incluso podría contribuir a fortalecer al régimen autoritario. La historia está en sus manos.

La estrategia del Gobierno es transparente. Busca dividir el movimiento por dentro y separarlo de otras expresiones sociales por medio de un coctel de concesiones y provocaciones fríamente calculadas. El objetivo en todo momento será encapsularlo y focalizarlo en asuntos exclusivamente "locales", supuestamente "puros" y "limpios", con respecto a la gestión interna del IPN. Y mientras los politécnicos están entretenidos con el "policía bueno" de Miguel Ángel Osorio Chong, los otros estudiantes y jóvenes del país sufrirán cada vez más bajo las macabras estrategias de represión, provocación y violencia del régimen.

Lo que determinará el éxito o el fracaso del movimiento politécnico será entonces la medida en que los estudiantes logren levantar la mira para ser solidarios y generosos con otras causas sociales. Igualmente, es responsabilidad de todos expresar nuestra solidaridad con la importante lucha histórica por alcanzar tanto la autonomía como la democratización interna del IPN.

Las luchas locales, nacionales, e incluso internacionales, no se contraponen, sino que se fortalecen mutuamente. Por ejemplo, tanto la forma antidemocrática como el contenido neoliberal del nuevo reglamento del IPN son resultados directos de las contrarreformas "estructurales" impulsadas por Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y el "Pacto por México". En su conducción del proceso de reforma del IPN, Yoloxóchitl Bustamente no hizo más que seguir estrictamente las indicaciones de sus jefes en el Gobierno Federal, quienes a su vez cumplen con las órdenes de Washington. Es evidente que un simple cambio en la dirección del instituto no modificará las coordenadas estructurales del poder que impuso el nuevo reglamento.

Bustamante misma afirmó en su momento que la reforma al politécnico surgió a raíz del "compromiso institucional de armonizar la normatividad interna con la federal, en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma educativa". En otras palabras, no es más que la extensión de los tentáculos del poder corrupto hasta las entrañas del sistema educativo nacional. Ahora que el petróleo pertenecerá a las grandes empresas extranjeras, ya no será necesario que México forme investigadores científicos o ingenieros de primer nivel para impulsar el desarrollo nacional, puesto que solamente harán falta técnicos obedientes a las órdenes de sus nuevos jefes extranjeros.

Lo mismo ocurre en las normales rurales. Así como Lázaro Cárdenas del Río fundó el IPN en 1936 con el fin de "poner el técnico al servicio de la patria", también fue el responsable de consolidar y generalizar el modelo de las normales rurales, como la Escuela Normal de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos". Durante su sexenio (1934-1940), la cantidad de estas instituciones se multiplicó exponencialmente y se fortaleció su carácter cooperativo y social. Desde hace casi un siglo, dichos planteles han abierto simultáneamente importantes oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de las zonas más marginadas, y han sido esenciales para garantizar una educación pública humanista, crítica y de calidad. Tanto la doctora Tanalís Padilla, de la Universidad de Dartmouth, como Luis Hernández Navarro, de La Jornada, han realizado importantes estudios sobre esta valiosa experiencia.

Pero al régimen autoritario neoliberal no le interesa poner la técnica al servicio de la patria ni fomentar el pensamiento crítico o empoderar a los maestros rurales. La reforma educativa y el Plan Nacional de (sub)Desarrollo buscan la eliminación de la gran mayoría de las normales rurales y la conversión de las que queden en centros técnicos para la formación de maestros de "calidad" cuya única función será preparar mano de obra barata y siervos obedientes al gran capital internacional.

Los estudiantes del IPN y de Ayotzinapa sufren exactamente el mismo mal. El levantamiento de ambas comunidades está plenamente justificado. Su lucha es la lucha de todos por deshacernos de una vez por todas del yugo de la explotación y represión que ha mantenido postrada a la nación desde la Colonia. La reclamación de justicia para la perversa masacre en Iguala, cuna de la consumación de la Independencia, es evidentemente igual de importante que la exigencia de autonomía para el Politécnico.

La unión de esas exigencias y la articulación de los dos movimientos no implicaría, desde luego, la "politización" de ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Significaría el fracaso de la tradicional estrategia política del régimen autoritario priísta de "divide y vencerás".

Todos hemos aprendido en la escuela cómo los valientes movimientos populares y los grandes ideales que inspiraron la Independencia y la Revolución fueron traicionados y domesticados por los líderes políticos que vendrían después. Hoy, Peña Nieto y el Pacto por México juegan el papel que en su momento cumplieron Antonio López de Santa Anna después de la independencia, y Miguel Alemán Valdés, el primer presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de la Revolución.

Pero la tercera tendrá que ser la vencida. La lucha por la democracia en México nunca ha sido un asunto de acuerdos cupulares entre élites, como lo fue en otros países. Tal y como ocurrió durante la Independencia y la Revolución, el verdadero motor del interrumpido proceso de "transición" actual ha sido la movilización de la sociedad en defensa de sus intereses y en contra del saqueo. Habría que evitar a toda costa las divisiones internas con el fin de construir un amplio frente popular a favor de una verdadera transición hacia la justicia y la paz.

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 1979

Twitter:@JohnMAckerman