ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

martes, 28 de julio de 2015

"Imperdonable" (Revista Proceso, 26 de julio, 2015)

Cemeí Verdía, lider de la policía comunitaria de Ostula
In memoriam Idilberto Reyes, otro niño héroe caído en la lucha por un nuevo amanecer

John M. Ackerman

Joaquín El Chapo Guzmán sigue li­bre, pero Cemeí Verdía, dirigente social y líder de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, se encuentra ahora tras las rejas. Fernanda Said Pretelini, cuyo principal “mérito” es ser sobrina del presidente de la República, cuenta con un decoroso empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras las “re­formas estructurales” del Pacto por México mandan a miles de maestros y trabajadores petroleros a las filas del desempleo. Y en respuesta a la con­solidación del poder del crimen or­ganizado en todo el país, las Fuerzas Armadas se lanzan contra niños inde­fensos al grito de “¡Vivan Los Caballe­ros Templarios!”.

¿Para quiénes trabajan los indi­viduos que hoy tienen tomado por la fuerza a Los Pinos? Ya no debería quedarle a nadie el menor resquicio de duda. Somos malgobernados por un grupo de empleados de las más oscuras, violentas y corruptas mafias nacionales e internacionales. El único interés de quienes hoy encabezan las instituciones del Estado mexicano es llenar sus bolsillos al amparo del poder público.

Cada vez más personas se dan cuenta de la traición de nuestros go­bernantes a los principios básicos de soberanía popular y justicia social enarbolados por la Constitución que nos rige. La ausencia de grandes movili­zaciones en el Zócalo capitalino durante los últimos meses de ninguna manera implica la existencia de una conformidad social generalizada.

Literalmente todos los días hay nue­vas protestas sociales a lo largo y ancho de la República Mexicana. La carestía, el desempleo, la corrupción y la inseguridad van generando un enorme descontento social que burbujea con cada vez mayor fuerza debajo de la imagen falsa e hipócri­ta de “normalidad democrática” que quie­re proyectar el actual gobierno federal a los corredores de bolsa en los principales centros del capital financiero mundial.

Los constantes estallidos sociales que hemos vivido en México durante los últimos dos lustros demuestran la existencia de una sociedad activa, consciente y dispuesta a to­mar las riendas de la historia. Desde el frau­de electoral de 2006 hasta la fecha, el pueblo ha tomado las calles una y otra vez para re­clamar la esperanza traicionada de un cam­bio de régimen hacia un nuevo equilibrio político y social basado en la solidaridad, la paz y la participación social.

La lucha por la transparencia electoral de 2006 desembocó en la lucha contra la privatización petrolera en 2008. La movili­zación nacional de víctimas por las masa­cres de Felipe Calderón en 2011 dio pie al vasto repudio juvenil al retomo del Parti­do Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos en 2012. La protesta de los maestros democráticos ante la reforma educativa punitiva y privatizadora en 2013 sentó las bases para la movilización histórica de todo el pueblo mexicano en contra del régimen en 2014, a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Paralelamente, tenemos la acción cons­tante de los policías comunitarios, los pue­blos indígenas y los grupos de autodefensa en el territorio nacional. Y los estudiantes universitarios cada día se organizan y pro­yectan su fuerza con mayor contundencia, inspirados por los logros históricos del mo­vimiento del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el año pasado. Hay también una infini­dad de protestas locales en todo momento; por ejemplo, en contra de los abusos de la industria minera, a favor de los derechos humanos y por una amplia diversidad de diferentes causas justas.

Frente a este escenario, el gobierno cada día se esconde más atrás del poder desnudo de las Fuerzas Armadas. Des­pués del cobarde asesinato del niño Idil­berto Reyes durante el operativo militar en Ostula, no fueron ni el gobernador constitucional de Michoacán, Salvador Jara, ni el responsable de la Seguridad Pú­blica a nivel nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes aparecieron ante los medios de comunicación, sino el general Felipe Gurrola, mando especial del Grupo de Coordinación Michoacán.

Queda claro que se ha consumado un golpe militar de facto en contra de las instituciones civiles en el estado de Michoacán. El hecho de que este gol­pe no se haya declarado formalmente, por no convenir a los intereses del ré­gimen, no le resta ni un ápice de grave­dad a la situación.

La ocupación militar del estado de Oaxaca y la desaparición unilateral del viejo Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad (IEEPC) sigue la misma lógica de poder autoritario. El reemplazo de un organismo público que contaba con la activa participa­ción de los maestros democráticos por un nuevo organismo al servicio de un régimen inculto comandado por per­sonas que apenas saben leer y escribir constituye un golpe en contra de la de­mocracia y la calidad educativa. Mien­tras, la entrega por Gabino Cué de su estado a las fuerzas federales consti­tuye una copia fiel de lo que ya ha ocu­rrido en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

La fuga de El Chapo no es entonces la única acción “imperdonable" (Peña Nieto dixit) del régimen actual. Siga­mos luchando todos los días desde to­das las trincheras posibles para lograr la desaparición de los gobiernos con­trolados por mafias corruptas y san­grientas y reemplazarlos con nuevas instituciones al servicio del pueblo.

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 2021
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Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 13 de julio de 2015

"Estado criminal" (Revista Proceso, 12 de julio, 2015)


John M. Ackerman

Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Ecuandureo evidencian un claro patrón de ataque sistemático desde las instituciones del Estado en contra de la población civil. Cada día resulta más evidente que el gobierno federal priista se comporta como un grupo más del crimen organizado, sin el menor respeto para la humanidad o el debido proceso. La crisis de derechos humanos que se vive en México es sin duda aún peor que durante el sangriento sexenio de Felipe Calderón. 

Bajo el mando de Enrique Peña Nieto, las instituciones supuestamente “públicas” asesinan en sangre fría a sospechosos e intervienen sin control alguno a las comunicaciones privadas. No es de ninguna manera gratuita que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez haya remitido su informe más reciente, sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. El orden de “abatir los delincuentes en horas de oscuridad” convierte tanto los altos mandos de seguridad como el mismo Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas, en probables responsables de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad. 

Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha puesto el dedo en la llaga: “Desde el período de la ‘Guerra Sucia’…las autoridades federales dispusieron del Ejército Mexicano para que se encargara de aplicar acciones de contrainsurgencia con el fin de acabar con la insurrección popular. Desde aquellos años las instituciones castrenses y las instancias encargadas de procurar y administrar justicia fueron utilizadas como estructuras delincuenciales para solapar y proteger a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad” (análisis completo disponible aquí: http://ow.ly/PnfPj). 

El hecho de que hoy el modus operandi de las fuerzas de seguridad se mantiene igual que hace cuarenta años comprueba una vez más que México jamás experimentó “transición democrática” alguna. La alternancia entre el PRI y el PAN en el poder presidencial no ha sido más que una gran cortina de humo que ha servido para distraer la atención del proceso de consolidación de un Estado criminal. 

El importe informe del Centro Pro Juárez sobre Tlatlaya (disponible aquí: http://ow.ly/Pnh4Y) constituye un estudio de caso aplicable a la totalidad del país. La cantidad de masacres que se han vivido en México durante los últimos años demuestra que el gobierno federal utiliza la fuerza letal del Estado sin responsabilidad alguna. De acuerdo con el centro de derechos humanos, los documentos internos del ejército establecen una “distinción tajante de la sociedad en tres grupos: los militares, la población civil y ‘los delincuentes’” y autoriza “abatir” a los supuestos integrantes de la tercera categoría. 

Pero habría que recordar que la única institución facultada por las normas mexicanas para determinar si alguien es o no es un delincuente es el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, las leyes nacionales prohíben tajantemente la aplicación de la pena de muerte. La ejecución en sangre fría de cientos de ciudadanos por las fuerzas del estado constituye una grave violación al Estado de derecho. 

Resulta igualmente preocupante la utilización por el Gobierno Federal de la plataforma “Remote Control Sytem” de la empresa Hacking Team de Milán, Italia para intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos mexicanos. Tal y como ha informado la Revista Proceso, esta empresa ha sido señalado por Reporteras Sin Fronteras como uno de los cinco “Enemigos Corporativos de Internet” así como exhibida por Citizen Lab por la utilización de sus programas para la represión de grupos disidentes y periodistas en Africa y el Medio Oriente. 

Resulta risible la “aclaración” ofrecida por el Gobierno Federal de que el programa de espionaje se utilizaría “en el marco de la ley y sirve para escuchas legalmente autorizadas por el Poder Judicial de la Federación.” Un gobierno capaz de “abatir” en sangre fría a cientos de ciudadanos inocentes evidentemente no duda en también intervenir de manera indiscriminada la vida personal de los mexicanos con el fin de “abatir” la resistencia popular. 

Queda meridianamente claro que Peña Nieto cuenta con el firme respaldo del gobierno de Barack Obama en su cruzada en contra de la sociedad mexicana. El reciente informe de derechos humanos del Departamento del Estado de los Estados Unidos tiende un manto de protección sobre Peña Nieto al indicar que casi todas las violaciones en la materia supuestamente se deberían a problemas al nivel local. Asimismo, el informe de la oficina de John Kerry ignora olímpicamente el tema de la represión política al señalar con gran ignorancia y mala fe que en México no existirían ni presos políticos ni detenciones arbitrarias de activistas sociales. El documento también dice que el gobierno mexicano “respeta generalmente” los derechos a la libertad de expresión y a la protesta y que la elección presidencial de 2012 fue “libre, justa y transparente”. 

Resulta evidente que el adversario no es solamente el hombre sentado hoy en Los Pinos, sino una estructura internacional de complicidad neoliberal que busca acabar con cualquier resquicio de resistencia de los pueblos dignos en México, en Grecia y en el mundo entero. Urge consolidar la internacionalización de la lucha por la justicia y la democracia mexicanas. 


Twitter: @JohnMAckerman